La reforma de la ley de Extranjería española aprobada este viernes por el Gobierno aumentará hasta 60 días la retención de ilegales antes de su expulsión y permitirá que sean asistidos por una ONG.

El proyecto de ley “perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de trabajo, aumenta la lucha contra la inmigración ilegal y favorece la integración”, afirmó la vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión semanal del consejo de ministros.

El nuevo proyecto de ley de Extranjería limitará la suspensión del internamiento de los inmigrantes irregulares “a los supuestos de solicitud de asilo o hábeas corpus, por un tiempo tasado”, al tiempo que permitirá a las ONG entrar en los centros de internamiento para asistir a los inmigrantes.

El ejecutivo también ha previsto rebajar de diez a cinco el número de años en los que un inmigrante no puede volver a España tras ser expulsado por estancia irregular, aunque “se impondrán plazos de prohibición de entrada adecuados a las circunstancias de los extranjeros repatriados”.

“El proyecto incorpora también el desarrollo de un nuevo registro de entradas y salidas de los extranjeros en nuestro país para mejorar el control preventivo de la estancia irregular”, según el Gobierno español, cuya número dos consideró que con esta nueva ley se pasa “de una ley de extranjería a una ley de inmigración”.

El proyecto de Ley es “equilibrado y garantista”, añadió De la Vega, recordando que el Gobierno es “consciente de que la inmigración es ya una realidad de la que forman parte 4,5 millones de extranjeros”.

El proyecto de reforma de la Ley de Extranjería había sido aprobado por el consejo de ministros en diciembre de 2008, pero desde entonces ha sido modificado para añadir sugerencias de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Foro para la Integración de los Inmigrantes y el Consejo Económico y Social, entre otros.

El texto contempla la reagrupación familiar nuclear, es decir, del cónyuge y de los descendientes, “aplazando la de los ascendientes hasta que tengan 65 años o existan razones humanitarias”, explicó De la Vega, destacando que incluye a las parejas de hecho.

En cambio, ahora se otorga “desde el principio, una autorización para trabajar a los reagrupados en edad laboral”, según el gobierno español.

El ministro español de Trabajo, Celestino Corbacho, ya había adelantado que el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero daría un permiso de trabajo a los hijos reagrupados de entre 16 y 18 años.

Al mismo tiempo, la nueva ley aborda el problema de la violencia de género permitiendo a las mujeres extranjeras maltratadas contar con “una autorización de residencia por circunstancias excepcionales”.

La vicepresidenta detalló que el texto ha sido enviado al Congreso de los Diputados solicitando su tramitación “por el procedimiento de urgencia” para una rápida entrada en vigor.

Publicado el 27 June, 2009
por en Divulgación.

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