Hemos asistido a una conferencia sobre este tema, y hemos encontrado esta información en Internet firmada por el Dr. Carlos Alvarez-Dardet, Catedrático de Salud Pública de la  Universidad de Alicante, Director del Journal of Epidemiology and Community Health

papiloma.jpg

Recientemente el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha dado luz verde a la inclusión en el calendario vacunal en España, con cargo al sistema sanitario público, de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

Esta decisión se ha tomado a pesar del alto precio de las dosis y de las dudas más que razonables sobre su eventual capacidad y eficiencia para prevenir un número sanitariamente relevante de muertes por cáncer de cérvix en mujeres españolas, comparado con las actuales prácticas preventivas.

Si la vacuna se aplicara a partir del año que viene supondría, sólo en costos de compra del producto (464,58 euros por persona), sin tener en cuenta el aparato logístico que deberá desarrollarse ex novo para alcanzar una cobertura significativa en cada cohorte de niñas, del orden de unos 125 millones de euros anuales.

Para cuando se empiecen a prevenir los primeros casos de cáncer de cuello uterino, dentro de al menos 30 años, el SNS se habrá gastado unos 4.000 millones de euros. Prevenir una sola muerte por cáncer de cérvix, entonces, habrá costado al SNS 8 millones de euros, sin ahorrar un solo euro en el dispositivo actual de detección precoz por citología y tratamiento, pues se recomienda seguir desarrollando estas prácticas aún en poblaciones vacunadas.

Lo abultado de las cifras arroja serias dudas sobre el costo oportunidad de la medida, con esta cuantiosa inversión. ¿Cuántas otras iniciativas en prevención o atención sanitaria, se podrían hacer y no se harán? ¿Qué se dejará de hacer de lo que ya se hace, para nivelar los presupuestos?

Los altísimos costos de la vacunación, atacan a la sostenibilidad financiera no sólo del calendario vacunal español, sino de todo el sistema de servicios de salud pública.

Sin embargo, el coste no es el único problema grave: la vacuna del VPH ha sido promocionada ante la opinión pública, los sanitarios y los decisores políticos como una vacuna eficaz en la prevención del cáncer de cuello uterino y el sufrimiento que acarrea en las mujeres, cuando esto no es cierto.

Sencillamente, esta evidencia científica aún no existe. Los ensayos sobre la vacuna no han podido ver su efecto en la prevención del cáncer, ya que éste tarda mucho en desarrollarse; además, hay posibilidades reales, comprobadas, de cortar el proceso antes de que el cáncer se desarrolle, tanto mediante la inmunidad natural como con el cribado de lesiones precancerosas y su tratamiento.

El ensayo que más tiempo de seguimiento ha tenido hasta ahora ha sido de 6 años (y es un ensayo de fase II) y el ensayo en fase III con mayor seguimiento hasta ahora tiene tan sólo 3 años.

Dado que el cáncer que se pretende prevenir tarda 30, 50 o más años en desarrollarse, la brevedad de los ensayos es obvia. Por tanto, hará falta aún bastante tiempo para ver si las personas vacunadas en los ensayos clínicos desarrollan o no menos cánceres que las no vacunadas.

En países como España, con una incidencia del problema tan baja, esperar debería ser la conducta lógica.

Ciertamente, con la información disponible es razonable esperar que la vacuna acabe demostrando dentro de años que previene algunos cánceres de cuello uterino. Sin embargo, hay que tener en cuenta los siguientes otros factores:

– la historia natural de la enfermedad (de evolución lenta),
– la efectividad de los programas de cribado (alta si el sistema cumple con sus obligaciones), Ç
– que la vacuna no es efectiva contra todos los serotipos cancerígenos,
– y que España es un país con baja incidencia de cáncer de cérvix.

Por todo ello, es probable que en nuestro país el número de cánceres prevenidos no será muy grande.

También se han planteado objeciones razonables relacionadas con la duración de inmunogenicidad –aún no se sabe si serán necesarias dosis de recuerdo o no–, y sobre el comportamiento de los serotipos no incluidos en la vacuna, que quizás ocupen el nicho ecológico de los ahora incluidos.

Hay ejemplos recientes de las consecuencias del uso de la vacuna neumocócica sobre la aparición de serotipos no cubiertos con la vacuna que son multiresistentes a los antibióticos y que causan enfermedad neumocócica invasiva.

Ante esta situación de utilidad aún no demostrada, altos costes para el SNS y prevalencia baja, la decisión más racional sería, y es, esperar a que se acumule más evidencia científica.

¿Cómo podemos explicarnos que el SNS no tome la decisión más racional posible cuando se trata de defender el bien público?

Obviamente, la industria farmacéutica y especialmente las compañías promotoras llevan años desarrollando estrategias de cooptación y creación de un clima de opinión favorable, exagerando riesgos con el fin de convencernos, primero, de que existía un problema, y de que luego ellos, precisamente, tenían la solución.

Las estrategias de “disease mongering” –invención o exageración de enfermedades para introducir luego un producto farmacéutico– han sido criticadas duramente y con toda razón desde la deontología publicitaria por el abuso de la buena fe y de la aspiración a no sufrir enfermedades que naturalmente tienen la población y los políticos, a menudo legos en cuestiones sanitarias.

El caso que nos ocupa supone la consideración novedosa, muy grave, de que toda infección por VPH es una enfermedad a prevenir, lo que es falso; y además con el énfasis, sin duda interesado, en la –no demostrada– prevención del cáncer de cuello uterino en España.

La industria farmacéutica tiene legítimos intereses financieros, pero no todos ni siempre están en sintonía con las necesidades de salud de la población. El escándalo reciente de la terapia hormonal sustitutoria, y la evidencia de que la industria escondió a la opinión pública durante 30 años graves efectos secundarios del tratamiento de una “enfermedad” previamente inventada, no coloca a este sector en una situación de gran credibilidad pública como garante de nuestra salud.

Por todo lo anterior, los firmantes de este texto pedimos al Ministerio de Sanidad y Consumo y a las Consejerías de salud de las CCAA una moratoria en la aplicación de la vacuna del VPH.

Nadie ha justificado que haya prisa para la aplicación de este nuevo programa; por ello, solicitamos abrir un periodo de reflexión, de seguimiento de los efectos de la vacuna en poblaciones reales y de realización de estudios para conocer el coste-efectividad a medida que haya nuevos datos. Todo ello permitirá solventar las dudas razonables que existen sobre la idoneidad de este programa de vacunación para España.

*********************

En este otro blog argumentan a favor de la vacuna y en contra de campañas de grupos conservadores que se oponen a ella con argumentos como que promueve la promiscuidad sexual:

Las políticas del papiloma: vacunación y exclusión
Enviado el jueves, 01 de diciembre de 2005 20:29

La nueva vacuna contra el Virus del Papilona Humano puede erradicar la enfermedad, pero los grupos de presión más conservadores se están movilizando para evitar que las solicitadas campañas de vacunación masiva de las adolescentes puedan, según lamentan, interpretarse como una invitación a la promiscuidad sexual. [Antonio Lafuente]

La noticia de que hay una vacuna, operativa desde la primavera de 2006, contra el Virus del Papilona Humano (HPV, en inglés) no está siendo tan bien recibida como merece. El HPV es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Se calcula que cada año hay más de cinco millones de nuevos afectados en todo el mundo y, según New Scientist, sabemos que el 85% de todas las personas sexualmente activas contraerán la enfermedad algunas vez en la vida. En Estados Unidos se sabe que la mitad de las mujeres comprendidas entre 18 y 22 años están infectadas. En la mayoría de los casos (el 80%) se curan solas, pero a veces el virus se hace resistente y degenera en cáncer varias décadas después.
Cada año se diagnostican medio millón de casos, la mayoría pertenecientes a países en desarrollo y, en fin, estamos hablando de un mal que mata a cerca de 300.000 personas al año.Vacunar masivamente a los adolescentes (especialmente a las mujeres de unos 18 años) las inmunizaría frente al virus y, en la práctica, la vacunación obligatoria erradicaría la enfermedad. Pero son muchos los grupos conservadores y de integristas de varias confesiones religiosas que, según informa Washington Post, están movilizándose para evitar las campañas de vacunación masiva. Y sí, el motivo es que podíamos imaginar: librar a las adolescentes del papiloma equivale, en su retorcida mente, a invitarlas a una vida sexual sin freno.

Y aquí aparece otro de los comités por los que siempre se recordará, explica Chris C. Mooney, la ominosa era Bush, el Advisory Committee on Immunization Practice, un grupo de expertos dependiente del Center for Disease Control and Prevention de Atlanta que debe decidir los criterios sobre a quién, cómo y cuándo administrar la vacuna. Las funciones del mencionado comité invitan a sospechar que, lejos de dictaminar como científicos, van a comportarse como moralistas que tratarán de sostener su convicción de que la abstinencia y el celibato son los mejores medios para prevenir cualquier enfermedad de transmisión sexual.

Pero se equivocan. Y seguramente van a equivocarse de la misma manera que ya lo hicieron con los enfermos de SIDA: inventando potentes mecanismos de exclusión social para los afectados y cultivando el miedo entre los llamados grupos de riesgo. Nuevamente, la sexualidad será criminalizada y la sociedad amenazada con peligros que podrían ser evitados mediante la vacuna y el condón. Si todo evoluciona a peor, y no todo el mundo es amedrentado por estos moralistas, no faltarán quienes diseñen nuevos recortes a las libertades cívicas, empezando por calificar como grupos de riesgo (y, por tanto, de amenaza) a todos los adolescentes, especialmente si son pobres, emigrantes o de color.


Imprimir artículo

Artículos relacionados